GANANCIAS TIENEN LAS EMPRESAS

Parece tan simple que hasta resulta caricaturesco tener que explicarlo, pero es así. Los trabajadores y las trabajadoras tenemos salarios, no ganancias; es tan viejo como el capitalismo.

Sin embargo, los capitalistas, que son quienes mayores ganancias obtienen gracias a los miserables salarios de sus trabajadores, quieren hacernos creer, una vez más, que todos tenemos ganancias.

El pasado sábado se dió media sanción al proyecto de ley presentado por Sergio Massa que prevé elevar el piso del mal llamado impuesto a las ganancias para que solo lo paguen quienes perciban un salario bruto mayor a ciento veinticinco mil pesos. A su vez, hay otro proyecto de Ley que pondrá en discusión si los jueces de la Corte Suprema deberían o no pagar este impuesto al salario. En ambos casos el objetivo es el mismo: distraer. Para eso cuentan con un aparato político-mediático fabuloso que ya puso los motores en marcha para hacernos creer que los Robin Hood del Frente de Todos están sacandole plata a los más ricos para beneficiar a los más pobres (hasta la propia vicepresidenta renunció publicamente a tener el “privilegio” de no pagar impuesto a las ganancias, porque no quería estar en el mismo lugar que los jueces supremos.

Pues todo esto es una farsa. En Argentina y en el mundo capitalista en general la injusticia no es quién paga más o menos impuestos, lo que está mal es que haya gente que gane fortunas, y gente que pase hambre; gente que viva en casas de lujo y gente que duerma bajo un puente; gente que viaja en autos de lujo y gente que tenga que empujar un carro lleno de cartones para poder comer. Eso es lo que no quieren discutir.

Si los jueces ganan mucho, discutamos porque pasa eso mientras miles y miles no tienen trabajo, pero no un impuesto al salario. El impuesto al salario es una trampa para justificar que pueden quitarle a los trabajadores y trabajadoras una parte de su sueldo.

Para lograr equidad, hay que repartir las riquezas, el resto es pan y circo.

Una cuestión de soberanía

Entrevista a Carlos del Frade sobre la Hidrovía Paraná

Entrevistamos a Carlos Del Frade, periodista y diputado provincial de Santa Fe por el Frente Social y Popular, para que nos cuente sobre esta batalla estratégica por los recursos naturales y económicos de nuestro país.

-¿Cuál es el impacto, en términos de soberanía y renuncia al control por parte del Estado, de volver a licitar el dragado y balizamiento de la llamada Hidrovía en vez de estatizar ese rol? ¿Por qué el Gobierno retrocedió también en ese punto después de haber hecho anuncios en sentido contrario, autorizando al Ministerio de Transporte a abrir la licitación?

El gobierno en agosto del año formuló la idea que había que crear una empresa nacional que controlara el dragado y balizamiento del Río Paraná y constituir un Consejo Federal de Hidrovías con una participación de hasta el 49% de las cinco provincias atravesadas por el rio. Después vino el Decreto 949 donde todo eso termina relativizado, especialmente porque se toma en cuenta lo que viene pidiendo la Bolsa de Comercio de Rosario desde la década del 20 del siglo pasado, de pasar todo por Punta Indio – que es jurisdicción uruguaya – y a partir de ese momento entra en una nebulosa la cuestión, y parece ser un retroceso muy parecido al que tuvo el gobierno nacional con el proyecto de expropiación de Vicentín.

Nosotros creemos que la verdadera pérdida de soberanía está, en primer lugar, en generar que el balizamiento y el dragado quede por una empresa multinacional que controle de acuerdo a sus intereses, sin jamás haber presentado un solo informe de impacto ambiental desde 1995 hasta la fecha. Y después que coincidentemente con la cesación de la concesión de la hidrovía, también empieza a correr la cesación de los alquileres de los puertos sobre el río Paraná y sobre el litoral del Mar Argentino. Allí lo que queda claro, es que si nosotros no controlamos nuestras vías navegables, mucho menos vamos a controlar a las riquezas que pasan por allí. Ahí reside la cuestión de la soberanía.

-Es la misma lógica que con Vicentin, anuncios progresivos y luego retroceso. ¿Eso responde a presiones de lobbys multinacionales, de sectores del campo o qué? ¿Qué implica hoy en términos económicos la absoluta falta de control sobre la hidrovía y los puertos privados sobre el Paraná y qué se podría hacer para avanzar en otro sentido?

El retroceso en Vicentín significa haber perdido la posibilidad de que una empresa, con control estatal y participación privada a través de los productores, las cooperativas y los trabajadores, desarrollara una lógica de comercio exterior distinta a la que imponen las multinacionales. Creo que el retroceso tiene más que ver con la movilización de mucha gente en reconquista y avellaneda defendiendo a Vicentín después del anuncio del presidente de la expropiación.

Ahí lo que se tuvo que haber mantenido era el proyecto original porque más allá de esas manifestaciones, con el avance de la información y la justicia penal, iba a quedar claro que la gente podía defender la empresa, la historia, la identidad… hasta la propiedad privada.

Pero no iba a defender, como ahora está pasando, delincuentes de guante blanco que saquearon a la argentina por cientos de millones de dólares. En términos económicos la falta de control de los puertos privados, estamos hablando de una cantidad que puede aproximarse a los 10 mil millones de dólares lo cual realmente es una suma importante ante el grado de necesidad que tiene el pueblo argentino.

-Los debates en el Consejo Federal Hidrovía que se desarrolló en estos días en Rosario, a la que se sumaron organizaciones de la Mesa de Enlace, por ejemplo, ¿sirvieron para avanzar en algunas discusiones, en la generación de algunos consensos positivos o simplemente fueron una cobertura de supuesto diálogo para avanzar en una relicitación que no cuestiones la lógica establecida por el menemismo en los 90? ¿Hay intenciones de avanzar realmente con el Canal Magdalena? La creación de la Unidad Ejecutora del Canal Magdalena, también dependiente de Transporte, responde a la intención de avanzar realmente con esta obra
estratégica o se anunció para cubrir un flanco más criticado por varios funcionarios mientras se avanza con el proceso licitatorio en la hidrovía?

Creo que la gran discusión está más allá de la Mesa de Enlace y los sectores exportadores. Acá lo que debe quedar claro es qué va a hacer el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Y para eso es indispensable convocar a las distintas organizaciones populares para expresar su punto de vista. Nosotros también estamos pidiendo la postergación de la concesión del dragado y balizamiento del Paraná, de la Hidrovía, por lo menos hasta que se hagan asambleas, cabildos abiertos y audiencias públicas en distintas provincias argentinas para saber cuál es el rol que necesita tener el Estado para quedarse con parte de la riqueza argentina. Porque si no se llega a la penosa conclusión de que la mayoría de la riqueza argentina queda en manos extranjeras y nosotros tenemos más pobreza, desigualdad y, por lo tanto, violencia.

Acuerdo para hoy, hambre para mañana

Hoy se conoció la noticia de que el gobierno nacional llegó a “un acuerdo con los acreedores externos”. Según lo que se desprende de las primeras informaciones, puede haber algún alivio en el muy corto plazo y más penurias a futuro.

Aunque todavía no hay información precisa, trascendidos periodísticos indican que desde el Gobierno ofrecían U$D 0,39 por dólar, mientras  los fondos reclamaban 0,76. Si efectivamente cierran en 0,548, los acreedores habrían cedido un poco más, lo que no significa que sea un monto pagable por Argentina en el mediano y largo plazo, menos aún en el contexto de crisis. Es lógico que el Gobierno festeje el acuerdo porque descomprime las finanzas públicas y las millonarias erogaciones que tendría que hacer en lo que resta de su mandato. Pero la historia no termina en cuatro años. Y después de ello seguiremos pagando con trabajo y sacrificio una deuda que fue tomada a nuestras espaldas, de manera ilegal e ilegítima, al menos durante 44 años más.

Claramente no es una victoria. En primer lugar la deuda no fue investigada, ni se revisaron los préstamos tomados por el macrismo. Segundo que la primera oferta presentada en abril proponía un interés de U$D 0,4 por dólar, la segunda propuesta de julio planteaba un 0,53 por dólar y ahora pasamos a 0,548 por dólar, incrementando la deuda en más de U$D 10.000 millones. Tercero, los plazos de cancelación de pagos se adelantaron. La primera oferta de abril contemplaba el primer pago para septiembre del 2023, la de julio lo adelantaba para septiembre del 2021 y las últimas negociaciones, con las que se aprobó la propuesta lo anticipan aún más, para julio del 2021. Así las dos cancelaciones anuales se modificaron de septiembre y marzo a julio y enero de cada año. No hay nada que festejar, es un sometimiento a los bonistas y a la dependencia de la deuda odiosa. Se cierra una negociación a la espalda de todxs lxs habitantes de Argentina y se abre otra. Ahora falta la deuda con el FMI por U$D 49.000 millones tomada por el gobierno de Macri. ¿Volverá a reconocerse una deuda turbia y corrupta por los negocios y la fuga de capitales del grupo Macri?

El acuerdo vuelve a repetir un modus operandi histórico: renegociar sin investigar, sin poder conocer fehacientemente cuáles fueron los términos y en qué se utilizaron los fondos. Se renueva así la complicidad con una estafa sideral, como lo demuestra el fallo del juez Ballesteros del año 2000 (causa “Olmos”), que se constituyó sobre más de 400 actos ilícitos desde 1976 en adelante. En esa causa nadie resultó procesado porque los delitos prescribieron, pero quedó en claro que el sistema de la “deuda perpetua” es el que sostiene la miseria, el atraso y la dependencia para exclusivo beneficio de un puñado de grupos económicos nacionales y extranjeros.

Una de las peores consecuencias a futuro es que el gobierno no se atrevió a investigar el endeudamiento de Macri, que incrementó la deuda en más de 100.000 millones de dólares y que está llena de irregularidades; vale recordar la escandalosa “deuda a 100 años”, en la que el propio “Toto” Caputo, ex ministro de finanzas y presidente del Banco Central, es acreedor.

Evidentemente la campaña popular “por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda”, impulsada por un diverso y amplio espectro de organizaciones sociales, políticas y de DDHH, no fue suficiente para compensar la presión de los grandes capitalistas nacionales e internacionales. Más aún, cuando la estrategia política del gobierno se asienta en el intento de  hacer equilibrio entre los intereses contrapuestos del gran Capital y el pueblo trabajador. La historia, lamentablemente, demuestra que esa política terminará capitulando frente a los intereses dominantes, mientras el pueblo seguirá en solitario con sus banderas de justicia, dignidad e igualdad.

Mantengamos en alto las consignas por la Suspensión del Pago e Investigación Popular y Participativa de la Deuda Pública Argentina. Luchamos para evitar que continúe la entrega de recursos que son vitales para dar alivio a las clases populares, que somos quienes padecemos la actual crisis multi-dimensional -económica, sanitaria y ambiental.

Avancemos en organización y conciencia. No hay salida en los marcos del sistema capitalista.

Ellos o Nosotros

Compartimos esta nota escrita por Claudio Katz, economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro de Economistas de Izquierda (EDI), que publicó en su página web el 13 de mayo.
Fuente: https://katz.lahaine.org/ellos-o-nosotros-2/

Siempre se supo que Macri gobernaba para los ricos y que su modelo económico desembocaría en una gran crisis. La primera afirmación quedó corroborada por la redistribución regresiva del ingreso perpetrada en los últimos dos años. La segunda comenzó a verificarse con la corrida cambiaria de la última semana.
Está temblando un modelo neoliberal asentado en enormes desequilibrios externos y fiscales solventados en el endeudamiento externo. Todos imaginaban que la financiación iba a durar hasta el 2019, pero el fin de la película se adelantó en forma imprevista.
Wall Street anunció en marzo que no aceptaría más bonos. El gobierno maquilló esa negativa con un engañoso anuncio de mayor financiación local, pero los capitales golondrinas captaron de inmediato el significado de la sequía. Emitieron la orden de retirada y comenzó la incontenible trepada del dólar.
La financiación se ha cortado por la desconfianza de los acreedores. Intuyen la futura insolvencia del deudor argentino. Por eso las calificadoras bajaron el pulgar, el riesgo país aumenta y la prensa especializada describe escenarios dramáticos.

Una consecuencia del modelo

La fragilidad del sector externo es el punto más crítico del esquema actual. Los bancos retiraron los créditos, al notar la ausencia futura de los dólares requeridos para sostener el endeudamiento. Observan la magnitud el déficit externo, que el año pasado superó los 30.000 millones de dólares (5% del PBI).
El bache central se localiza en la esfera comercial. El desbalance de 8000 millones del 2017 marcó un récord histórico. Ha sido generado por las fantasías librecambistas del oficialismo, que abrió el mercado a todo tipo de importaciones.
Mientras que en el mundo impera una dura negociación de aranceles, Argentina se ha transformado en un depósito de cualquier excedente. Para colmo, las exportaciones se frenaron, como resultado de la apreciación cambiaria que genera el ingreso de capitales especulativos.
El desbalance en el plano financiero es igualmente dramático. La salida de divisas acompaña a Macri, desde el mismo día que imaginó la incumplida la lluvia de dólares. La remisión de utilidades ha sido tan sostenida como la fuga de capital. Ese drenaje es congruente con la eliminación de todas las regulaciones a la actividad financiera. Los controles en el circuito bancario fueron desarmados, con la misma velocidad que se anuló la obligación de liquidar los dólares de la exportación.
En la misma desprotección se asienta la bicicleta financiera de los fondos que lucran con la altísima rentabilidad de los bonos argentinos. Las delirantes tasas de interés que aseguran ese negocio, destruyen cualquier posibilidad de inversión productiva. El malgasto de las divisas ha incluido también el despilfarro en el turismo. Esa hemorragia fue incluso celebrada por varios ministros como un maravilloso ejemplo del “retorno al mundo”.
El agujero fiscal es también impresionante. Bordea el típico porcentual del PBI (6-7%), que tradicionalmente precipitó los grandes terremotos de la economía. El gobierno resalta la envergadura de ese déficit y lo presenta como un mal ajeno que debe administrar. Con gestos de compasión, afirma que debió mantenerlo para financiar el gradualismo y evitar mayores sacrificios de la población. Pero oculta que todos los desequilibrios derivan del modelo en curso y no del ritmo de su implementación. Si hubiera apretado el acelerador del mismo combo neoliberal, el desastre sería infinitamente superior.
Cuando los funcionarios despotrican contra la costumbre de “gastar más de lo que ingresa”, ubican todas las desgracias en el primer componente. Olvidan que la recaudación quedó seriamente afectada por la reducción de los impuestos a los exportadores. Tampoco señalan que el blanqueo no revirtió la evasión. Argentina figura en el quinto puesto mundial de ese flagelo y la moda oficial de proteger patrimonios en empresas “off shore”, ilustra quiénes son promotores de la estafa al fisco.
El oficialismo también olvida registrar cómo el pago de intereses deteriora las cuentas públicas. Sólo en el primer trimestre del año esas erogaciones aumentaron 107% en comparación al 2017.
El modelo neoliberal genera descalabros que el gobierno no puede encarrilar. El desastre en curso no fue desencadenado por la nueva alícuota del impuesto a las ganancias sobre los títulos, sino por la aterrorizada reacción del Banco Central. En pocos días incineró varios manuales de política monetaria. Recurrió a todos los instrumentos conocidos para frenar una corrida y no acertó con ninguno. Incluso apeló infructuosamente al judicializado mercado del dólar futuro.
La crisis internacional no ha sido hasta ahora determinante del temblor argentino. Persiste la liquidez financiera global y no se observa una repetición del “efecto tequila” sobre las economías latinoamericanas. Ciertamente el incremento de las tasas de interés de Estados Unidos altera todas las inversiones en el mundo. Pero ese reacomodamiento tiene por el momento efectos acotados.
Si Argentina padece ese resfrío como una grave neumonía es por el pánico que suscita su alocado endeudamiento. El país encabezó en los últimos dos años el tablero mundial de colocación de títulos y es penalizado por ese descontrol. Pero el grueso de la población no es responsable de ese desmanejo. El culpable es Macri y los CEOs de su gabinete, que engrosaron los caudales de la clase capitalista. Para ocultar ese delito los comunicadores del oficialismo achacan a todos los “argentinos”, un desfalco consumado por esa minoría de privilegiados.

Retorno al mismo fondo

Las cifras de mayo retratan la gravedad de la crisis: devaluación del 20%, tasas de interés del 40%, pérdidas de 8.000 millones de dólares de las reservas. El temor por un dramático desenlace se acrecienta, con algunos síntomas de traslado de esa tensión a los bancos.

El gobierno se burla de la población emitiendo mensajes de tranquilidad. Pretende crear la ilusión de una simple corrección de la flotación cambiaria, sin consecuencia alguna. Todavía repite que el nivel de endeudamiento es “bajo en comparación al PBI”, como si esos genéricos porcentuales (y no la capacidad efectiva de pago del deudor) determinaran la actitud de los acreedores.
Mientras el discurso oficial minimiza la crisis, los financistas del exterior no cuidan las formas, en sus convocatorias “a escapar de la Argentina” (Forbes). La tranquilidad del gobierno es una burda estrategia, para evitar el despertar colectivo frente a la grave situación.
La decisión de volver al FMI confirma el dramatismo de la coyuntura. Es una medida desesperada que sorprendió a los propios popes del Fondo. Ilustra el pánico de un gobierno que busca blindajes a cualquier precio para frenar la corrida. La decisión fue tan imprevista, que anunciaron el retorno sin programa, ni cambio de ministro.
Los funcionarios peregrinan por Washington desconociendo las condiciones de los préstamos que mendigan. En el contexto de bajas tasas internacionales y cierta recuperación de la crisis del 2008, muy pocos países recurren al FMI. Los que eligen esa salida no tienen otro refugio.
Es totalmente ridículo imaginar la existencia de “otro FMI”. Esa institución es manejada por los mismos expertos en demoler conquistas populares. Los países atados a su tiranía atraviesan por el peor de los mundos. Es el caso de Grecia que no pudo desembarazarse de la auditoría del Fondo.
Los helenos ya padecieron cuarto rescates de sus bancos y tres agudas recesiones que retrotrajeron un 25% la renta nacional. La tasa de desempleo bordea ese mismo porcentaje, la deuda pública ha trepado al 180% de PBI y las pensiones sufrieron 14 recortes.
Argentina afronta las mismas perspectivas. El FMI será durísimo con el país. De las tres variantes crediticias que tiene disponibles sólo ofreció la versión más intragable. Descartó la línea flexible (que recibieron Colombia y México) y la modalidad de precaución (utilizada por Macedonia y Marruecos). A la Argentina sólo le otorgarán el conocido stand by por un monto aún desconocido.
Los 30.000 millones dólares que pide el gobierno superan todo lo asignado a los 13 países con planes de estabilización. La suma final llegará igualmente a cuenta gotas, para evitar su rápida conversión en divisas fugadas al exterior.
Cada porción utilizada de ese crédito será rigurosamente auditada por los enviados del Fondo. Esa revisión simboliza el brutal retorno a los años 90. Los expertos del FMI volverán a desembarcar trimestralmente para constatar su insatisfacción y exigir mayores ajustes.
No hay ningún misterio en los reclamos inmediatos de esa delegación. En diciembre pasado elaboraron un detallado ultimátum de reducción del gasto social, con mayor flexibilidad laboral, reforma previsional y despidos de empleados públicos. La paulatina privatización del ANSES y el drástico recorte de los presupuestos provinciales figuran al tope de esa agenda. En las conversaciones actuales habrían añadido un nuevo blanqueo y sobre todo una mega-devaluación con recesión que permita efectivizar la mejora real del tipo de cambio.
El ritmo y la aplicación de ese paquete dependerán de la intensidad de la crisis, que será testeada el próximo martes. Ese día el Banco Central afronta un enorme vencimiento de títulos (LEBACS). El volumen total de esos bonos equivale al monto de las reservas y al total del circulante. Si una parte de sus tenedores resuelve liquidarlos para refugiarse en el dólar, la corrida puede alcanzar otro pico de tensión.
Si por el contrario esa emergencia queda superada con la aterradora tentación de cobrar un 40% de interés, las mismas disyuntivas reaparecerán en los próximos meses. Como la cotización de todos los bonos argentinos se encuentra en franca picada, ya es evidente la gran desvalorización de activos que sufrirán las instituciones oficiales (empezando por el ANSES), que atesoran esos títulos.
En cualquier escenario el pacto firmado con el diablo del FMI empuja a la economía argentina al precipicio. Ya se avizora el círculo vicioso de ajustes que contraen la actividad productiva, deterioran la recaudación, potencian el déficit fiscal y desembocan en nuevos ajustes. El espejo de Grecia está a la vista, con eventuales elementos de estanflación.
Los anticipos de ese cuadro despuntan en el nuevo piso de inflación anual del 30%. Si la tasa de interés no baja rápidamente la recesión será inevitable. El gobierno cortó 30.000 millones de pesos de la obra pública, pero el FMI exigirá una paralización total. En los próximos meses nadie recordará la ficción estadística de menor pobreza que difundió el gobierno. Basta observar la pavorosa expansión de la mendicidad en las calles, para observar cuál es el panorama social que afronta el país.

Reaccionar a tiempo

El manejo de la bomba que ha plantado el gobierno dependerá de la memoria y capacidad de reacción popular. El rechazo total al acuerdo con el FMI fue anticipado por las encuestas previas a la negociación. Entre el 75% de los consultados que rechaza el convenio figura la gran mayoría de los votantes del Cambiemos.
El retorno al FMI tiene un significado emotivo enorme. Recrea todo lo sucedido en el 2001. Por eso ya se difunden tantas analogías con el blindaje De la Rúa. Es imprescindible trasformar ese bagaje en rechazo activo, movilización y propuestas alternativas.
El punto de partida es ganar la calle para generar una drástica reversión del curso actual. El clima de tácita aceptación de las desregulaciones -que propagan los grandes medios de comunicación- desguarnece a la economía. Para evitar el agravamiento de la crisis hay que reintroducir todas las regulaciones eliminadas por oficialismo. Son medidas básicas frente a la emergencia.
El control de cambios es tan urgente como la prohibición al libre ingreso y salida de los capitales. Los depósitos de los pequeños ahorristas deben ser protegidos, mientras los grandes bancos y tenedores cargan con las pérdidas de los bonos desvalorizados. Hay que erradicar todos los mitos sobre la adversidad de un “cepo cambiario”. Los dólares no son un bien privado de libre disponibilidad. Sin controles a su atesoramiento y circulación no hay forma de lidiar con las corridas.
En lugar de volver al FMI corresponde investigar la deuda contraída en los últimos años y enjuiciar a los responsables de esa aventura. Caputo, Dujovne y Sturzzeneger deberían estar desfilando por los Tribunales. Mientras se revisa el estado real de las cuentas públicas hay que frenar la hemorragia de divisas que impone el pago de los intereses. La crisis actual empezó con el sometimiento a los fondos buitres y no puede resolverse sin ajustar cuentas con los depredadores del tesoro nacional. El manejo estatal del sistema financiero es una condición para emerger de la delicada situación actual.
Sólo por ese rumbo el costo de la crisis recaerá sobre sus causantes y no sobre la mayoría popular. Ese camino requiere una frontal batalla de ideas con todos los economistas de la derecha que han copado la televisión. Ensalzan el acuerdo con el FMI como una nueva justificación del mega-ajuste y lo presentarán como una necesidad para “cumplir con el mundo”. El mismo atropello que el oficialismo preparaba para después del 2019 será expuesto como un acto de responsabilidad hacia los acreedores.
Pero la factibilidad de esa maniobra se ha reducido drásticamente. El escenario político ha cambiado y las elecciones han quedado situadas muy lejos de la urgencia actual. Macri intentará golpear con el garrote y la zanahoria. Prepara el veto a la ley de restricción al tarifazo y buscará copiar el modelo brasileño de gobierno para-institucional.
Pero es consciente de su debilidad y recurrirá a los gobernadores y al PJ para lograr el mismo aval hacia el FMI, que obtuvieron para concertar el acuerdo con los fondos buitres. Sus socios ya le tendieron una mano en el Congreso al negarse a repudiar el retorno al FMI, aprobando una ley de liberalización del mercado de capitales en plena tormenta financiera.
La intensidad de la movilización definirá quién gana la partida. En pleno desconcierto popular frente al temblor financiero, esa reacción es por ahora limitada. Está pendiente la reaparición de gran fuerza lograda en calles durante diciembre. Esa potencia de la lucha podría recuperarse en las batallas contra el tarifazo y el techo a las paritarias. Pero el rechazo al FMI ocupa ahora el primer lugar de cualquier demanda.
Es urgente frenar la mayor agresión contra las conquistas populares de los últimos años. El tan anunciado mega-ajuste finalmente se avecina. Frente a la artillería que prepara el gobierno, el FMI y los capitalistas hay que erigir las defensas populares a toda velocidad. Como ya ocurrió en el pasado nuevamente son ellos o nosotros.

Un modelo para pocos

ALGUNOS APORTES PARA ENTENDER CÓMO SE PROFUNDIZA EL MODELO ECONÓMICO QUE ESTÁ ARRUINANDO EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE NUESTRO PAÍS

La situación económica y cambiaria del gobierno de Macri lejos está de representar al “mejor equipo en 50 años”, como les gustaba definirse. El marco es crítico, y comprender qué está pasando es clave porque, como veremos, tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de las y los trabajadoras/os que, como siempre, son los primeros perjudicados.

En general, la economía se nos aparece como una “ciencia incomprensible”. Los “expertos” debaten en la tele con términos que no entendemos y nosotros tendemos a cambiar el canal, después de algunos intentos de seguir el debate. Pero es muy importante contar con herramientas para entender qué esta pasando, puesto que influye directamente sobre nuestras economías y familias.
Para comprender los movimientos del dólar, la moneda nacional y la política financiera, es útil realizar el siguiente razonamiento: pensar que la moneda, como cualquier otro producto, tiene gente que la desea y gente que la produce (el Banco Central). Por eso hablamos de un “mercado de dinero”.

La gente y las empresas quieren mantener una moneda en sus bolsillos porque les sirve por tres razones: 1| para hacer transacciones (comprar y vender) 2| para ahorrar o 3| como reserva, para emergencias futuras. Mientras estas razones se mantengan, la gente está dispuesta a conservar parte de su dinero en la moneda de un país (en nuestro caso, el peso).

Para entender qué estuvo sucediendo en ese “mercado de dinero” (o financiero) vale remitirse a algunas políticas previas porque, como en todo, están íntimamente vinculadas con la situación actual.

En principio, recordemos el endeudamiento público y sistemático que este gobierno (con el apoyo de diputados de bloques opositores) viene encarando desde hace dos años. Una de las explicaciones que nos dieron fue que “tomar deuda” era necesario y que, después de eso, iban a “llover inversiones”. Pero los añorados capitales extranjeros nunca llegaron. La consecuencia la estamos viviendo por estos días: en un primer momento, la entrada de dólares (por la deuda externa) “tapó” las insuficiencias de una política que no invierte ni produce.

Pero ahora, pasada la euforia del endeudamiento, comienzan a quedar al desnudo las consecuencias de una política que desarma al Estado: no hay inversiones, y el déficit de la cuenta corriente (esto es, la diferencia entre “la plata que entra y la plata que sale”) es brutal. No entra dinero, pero sale de manera desmesurada y por varios canales: des-balance comercial, el pago de esa deuda, la “remesa de utilidades de los capitales” (es decir, las empresas extranjeras que llegan al país, invierten en los sectores más pujantes de nuestra economía, explotan nuestros recursos y giran las ganancias, dinero local, a sus “casas matrices” en el exterior) y la “fuga de capitales” (el “paso” de pesos a dólares por parte de los capitalistas financieros o la locación del dinero en cuentas extranjeras “off shore” para evadir impuestos).

Esta situación, sumada a la inflación elevada que lejos de ser “corregida” por el gobierno crece sin frenos, la falta de empleo (y, con ello, la falta de consumo), y los repudiados “tarifazos”, se va devaluando el peso. Si agregamos las situaciones generadas por el mercado externo, podemos explicarnos porqué, entre ayer y hoy, 1 dólar pasó a valer alrededor de los 23 pesos.

Una de las políticas monetarias que el Banco Central tomó por estos días fue aumentar, tres veces en una semana, la tasa de interés. ¿Qué significa esto? En términos simples, el Banco llama a los capitales extranjeros a poner dinero en el mercado financiero argentino a cambio de pagarles un plus: “ellos vienen y ponen 1000, nuestro banco les da 3000″… Sin embargo, hasta ayer, ni siquiera esta medida sirvió para contener la fuga, la depreciación del peso y la consecuente escalada del valor del dólar. A pesar de las relaciones carnales de este gobierno con el imperialismo, los grandes mercados internacionales están recomendando salir de la Argentina.
Esta mañana los ministros Dujovne y Caputo salieron a ratificar la política económica y anunciaron una nueva elevación de las tasas: esta vez, al 40 %. Con este tipo de medidas, el gobierno alienta la inversión financiera y no la inversión de capital. Para los grandes empresarios es “más rentable” invertir capital líquido, es decir dinero a cambio de dinero, antes que realizar inversiones “duras”, en maquinas, tecnología, fabricas e industria y trabajo.

La medida tiene como intención la meta a corto plazo de “desinflar” el dólar (porque vuelve más atractivo el peso argentino). Sin embargo, en el mediano y largo plazo, este tipo de medidas son profundamente alarmantes y tienen consecuencias recesivas para la economía nacional. ¿A qué nos referimos con recesión económica y cómo se vincula con el aumento de las tasas de interés? En términos generales, la recesión significa la disminución de la actividad económica de un país.

¿Cómo relacionamos esta situación con el aumento de la tasa de interés? Simple: al aumentar la tasa de interés, las empresas y los consumidores disminuyen el consumo: ya no utilizan tarjetas de crédito, no solicitan créditos de vivienda ni de vehículos (porque los intereses subieron y es difícil pagar) y toda esta situación repercute directa y negativamente sobre el sector industrial y productivo.

Otra de las medidas que vienen anunciando es la reducción del gasto público. Frase que las y los trabajadores conocemos de sobra. Re-traduciendo, esa reducción implica que el Estado se recorta: ¿dónde? En el gasto en obras e infraestructura que el pueblo necesita (y el gobierno ha prometido en campaña), inversiones varias (salud y educación, por ejemplo) además de la pérdida de trabajo que puede significar que el Estado deje de invertir en obras.

Por último, a pesar de que en lo inmediato lograsen que el dólar no siga subiendo (algo que parece muy difícil), en verdad ya ha llegado a picos máximos y este movimiento no es gratuito. Lejos de algunas frases poco felices de los funcionarios de este gobierno, la suba del dólar afecta directamente al bolsillo de las/los trabajadores. Una de sus consecuencias es la “devaluación (es decir, la pérdida de valor) del peso”. Con la devaluación del peso respecto del dólar los exportadores –fundamentalmente agropecuarios y alimenticios- se benefician con un dólar muy alto al vender sus productos en el exterior (recordemos que este gobierno le quitó las retenciones al campo, por lo que los grandes empresarios y productores agropecuarios se quedan con las enormes ganancias que producen).

Esta “ventaja comparativa” habilita la especulación: esos productores trasladan el valor de sus productos en dólares, al mercado interno (pesos). La lógica es más o menos la siguiente: “si vendo una res de carne en el exterior, me pagan X cantidad de dólares, y como el dólar esta 23 puntos respecto del peso, cuando ingreso el dólar al país multiplico mi ganancia. Si tengo que vender mi res de carne en el mercado interno, pierdo plata. Por lo tanto: o vendo todo lo que tengo afuera (y que el pueblo no coma, no me importa) -eso es lo que los economistas llaman: desabastecimiento interno-, o traslado los precios de afuera, es decir, su valor en dólar, al precio interno. Esto último es un punto clave, puesto que es una de las causas de la inflación: los precios suben porque los empresarios trasladan los precios internacionales al mercado interno (y que el pueblo se joda).
Como vemos, la otra consecuencia directa de la corrida cambiaria es la inflación. Y la inflación no sólo se explica por la especulación de los exportadores. Este gobierno viene tomando medidas político-económicas que tienen por consecuencia el aumento de los precios internos. Una de ellas, por ejemplo, es abrir la economía al mercado externo:

¿Qué significa esto? Que el país deja entrar productos importados sin ninguna restricción. La consecuencia más profunda de este tipo de políticas es la desindustrialización. Por la brecha tecnológica, nuestro país no está en condiciones de competir con productos extranjeros ni en la cantidad ni en la calidad de lo producido. Por ello, cuando el mercado interno se abre indiscriminadamente, las industrias nacionales comienzan a cerrar. La consecuencia inmediata es que en el supermercado hay menos productos nacionales y más productos importados… y los productos importados se venden al precio dólar: si el dólar sube, sube el valor de esos productos. Además, el valor de productos secundarios (como el combustible) influye sobre los precios de los productos primarios (como el alimento o la ropa) ¿por qué? Porque al productor le “cuesta más caro” producir y hacer circular lo producido y ese “costo” también se traslada a los precios.

No hay soluciones fáciles ante este marco tan complejo. Pero, para que alguna vez como pueblo conquistemos esas necesarias transformaciones de fondo, debemos empezar por comprender lo que pasa, sus causas, sus consecuencias, y los intereses que están detrás de esto. Esta nota pretende aportar a ese fundamental proceso.

 

La ganancia empresaria es la base del aumento del gas

Luis Brunetto

La matriz energética de nuestro país es enormemente dependiente del gas y el petróleo, que constituyen alrededor del 87 % del combustible consumido para producir energía. En 1970, ese porcentaje era del 89 %. En 46 años, nuestra dependencia de los hidrocarburos apenas se redujo un 2 %. Sí varió el porcentaje de consumo de gas natural, pero en detrimento del petróleo, pasando en el período del 18 al 54 %, mientras que el oro negro cayó del 71 al 33 %. La participación de las energías renovables apenas se incrementó del 11 al 13 %.

El extraordinario aumento de la participación del gas en la matriz se explica porque no sólo se consume en los hogares y comercios para calefaccionarse y cocinar, sino en las industrias y en las centrales térmicas generadoras de electricidad. El grueso de la energía eléctrica se produce en base a gas natural, en las centrales térmicas tradicionales y en las más modernas de ciclo combinado. Por eso, los costos de producción de energía eléctrica están también determinados por el valor del gas en boca de pozo.

A esto hay que agregar el doble efecto causado por la desaparición del ferrocarril y su desplazamiento por el camión y el ómnibus de larga distancia, y la introducción del GNC como combustible. El mantenimiento del ferrocarril tanto para el transporte de cargas como para el de pasajeros, hubiera implicado un menor consumo relativo de hidrocarburos en general y de gas (por el uso de GNC, que representaba en 2014 casi el 8 % de la demanda de gas) en particular. ¡¡¡El consumo de combustible de una formación ferroviaria de 10 vagones de pasajeros, equivale al de 18 micros!!!

Por eso es que la razón final del tarifazo se encuentra en el aumento del precio de gas en boca de pozo, que el estado otorgó a las empresas productoras en febrero. El país produce el 70 % del gas que consume e importa el resto. El gas importado parece tener la doble virtud de su baratura (el gas boliviano orilla 3 dólares por millón de BTU, la unidad de medida del gas natural, y el Gas Licuado de Petróleo proveniente de otras regiones del mundo como Noruega o Qatar, regasificado en las plantas de Bahía Blanca y Escobar, alcanza los 6 dólares) y de ofrecer posibilidades de buenos negocios. Tal el caso de la conocida gestión de Aranguren en favor de sus ex patrones de Shell, a la hora de importar vía Chile GLP regasificado en el país trasandino a casi 9 dólares el millón de BTU…

Ya el kirchnerismo había establecido en sucesivas actualizaciones, en 2012 y 2014, un precio a boca de pozo de 7,5 dólares por millón de BTU para el “gas nuevo” (el gas producido en pozos abierto después de 2014), mientras que el precio a boca de pozo del “gas viejo” se ubicaba en 2,3 dólares. Macri y Aranguren no tocaron el precio del gas nuevo, pero elevaron a casi 5 dólares el precio del gas viejo. Es esa duplicación del precio a boca de pozo del “gas viejo”, que constituye más de las tres cuartas partes de la producción total, la que explica el exorbitante salto tarifario, sin precedentes en la historia económica mundial.

Efectivamente, es falso que el aumento se explique como resultado de la quita de los subsidios. Los subsidios, en realidad, representaron bajo el kirchnerismo el instrumento con el que se aseguraban a la vez ganancias para las empresas privadas y tarifas baratas y congeladas para la población. Pero el mantenimiento de este excepcional “bonapartismo económico”, dependía de la persistencia del superávit del comercio exterior, que proveyera divisas para alimentar semejante monstruo. Y la crisis mundial no podía más qué liquidar ese superávit, vía caída de los precios de las materias primas.

II

¿Es posible mantener los precios de la energía al nivel previo al tarifazo y a la vez suprimir los subsidios? Los propios datos que ofrecen los defensores del tarifazo indican que sí. En un trabajo[1] de febrero de este año, la ultraconservadora FIEL calcula en USS 160 mil millones los subsidios concedidos por el estado argentino, en el período 2005-2015, para las empresas de servicios públicos. De estos, 112 mil millones corresponden al sector energético, 40 mil al transporte y apenas 8 mil a la estatizada AYSA. El efecto de esta torta de valor a nivel del desarrollo de la infraestructura es disímil: La capacidad de generación eléctrica prácticamente se duplicó en ese lapso, pero las reservas de gas y petróleo cayeron. ¿Cómo se explica semejante disparidad, cuando hemos visto que el grueso de la energía eléctrica se produce a base de gas natural?

La respuesta es sencilla, y se encuentra en el agotamiento de las reservas de gas convencional (al igual que de petróleo) en nuestro país. El grueso del gas y el petróleo “nuevos”, deben ser extraídos mediante los costosos (además de contaminantes) métodos tight y shale. La generación de energía eléctrica, en cambio, puede funcionar con gas nacional o importado. Es lógico que, sobre la base de los precios de gas a boca de pozo que rigieron hasta 2012 (cuando se estableció la diferenciación entre gas viejo y nuevo), las inversiones se dirigieran a la generación de energía eléctrica y no a la exploración gasífera. El reciente aumento a 5 dólares para el gas viejo no hace más que emparejar las ganancias en toda la estructura productiva. Se trata de ofrecer al gas precios muy por encima de los precios medios del mercado mundial, de modo de hacer rentable la explotación de los costosos yacimientos no tradicionales. El macrismo extiende de este modo al gas, lo que el kirchnerismo venía haciendo con el petróleo: se paga el barril a U$$ 65, cuando los precios se han desplomado y se ubican alrededor de los U$$ 40, para estimular la inversión en los yacimientos explotados a base de fracking cuyo punto de equilibrio se encuentra alrededor de los U$$ 70. Por supuesto, a costa del pueblo trabajador. Pero: ¿cuál es el costo de producción de gas y petróleo, a boca de pozo? Según el directivo de YPF Daniel González, el costo por “barril equivalente”[2] es de USS 20,2 (incluyendo la amortización del capital invertido, impuestos y regalías provinciales), lo que representa USS 0,13 para el litro de petróleo y USS 3,24 para el millón de BTU…

Lo cierto es que, con un pico de 76 % de demanda respecto a la capacidad instalada en 2013 y 2014, el sector eléctrico se encuentra en condiciones de abastecer el consumo en su totalidad. Por supuesto, es evidente el déficit en el terreno del transporte y la distribución, que se expresa en los frecuentes y prolongados cortes de luz que sufre la población, especialmente en Capital y Gran Buenos Aires: el negocio es producir energía eléctrica y venderla, no prestar un servicio al pueblo. Pero en modo alguno se puede sostener que los subsidios no han sido suficientes para cubrir el costo de las inversiones y garantizar las ganancias de las empresas a la vez. Tan es así que, por ejemplo, ya suprimidos los subsidios, Pampa Energía (grupo nacional Mindlin, propietario de Edenor, Transener y de varias centrales térmicas) se arriesga a comprar Petrobras Argentina por U$$ 750 millones. Es que la torta captada vía subsidios bajo el kirchnerismo ha sido compensada holgadamente por el macrismo, mediante el aumento del precio a boca de pozo para el gas viejo.

Veamos mínimamente cual es la situación económica de las empresas de servicios públicos. En 2015, Edesur (propiedad del grupo italiano ENEL, controlado a su vez por el ministerio de Economía de ese país) reportó ganancias por $ 1342 millones (cronista.com, 9-2-16). Edenor (Pampa Energía- Grupo Mindlin), por su parte, tuvo ganancias acumuladas entre 2011 y 2015 de un 766 %, y su valor de mercado creció un 400 % en los últimos tres años. Solamente en 2015, las acciones de la compañía treparon en un 107 % (cronista.com, 3-2-16). En el plano de las empresas transportadoras, la más importante de todas, Transener (también perteneciente a Pampa Energía- Grupo Mindlin, en sociedad con ENARSA y el grupo kirchnerista Electroingeniería, que ha puesto en venta su participación accionaria) reportó ganancias por ¿apenas? $ 52 millones, solamente un tercio de los 145 millones ganados en 2014. Veamos el gas, con sus precios planchados hasta 2013, en que el kirchnerismo reconoció al gas nuevo un precio de 7,5 dólares, y semiplanchados hasta el 2016, en que Macri elevó a 5 dólares el precio del gas viejo: Transportadora General del Sur (TGS, controlada por Mindlin hasta que vendió en julio su participación en U$$ 240 millones a las familias Siliecki y Werthein) sufrió pérdidas por $ 170 millones en 2015, pero luego de ganar entre 2010 y 2014 un total de $ 710 millones.

III

Es reveladora la siguiente perlita hallada en el Balance 2014 de TGS: “Es de destacar el impacto negativo que sobre la utilidad operativa han tenido los volúmenes de butano aportados al Plan Garrafa para Todos que dado que su precio de venta se encuentra subsidiado y los costos variables de producción son superiores aportaron un margen de utilidad negativo a este segmento de negocios”. Indudablemente, de este párrafo se deduce con absoluta claridad que las ganancias de $ 105 millones que reporta el ejercicio son perfectamente compatibles con los subsidios…

Es que, en realidad, la cosa debe plantearse al revés. Los servicios públicos son deficitarios en sí mismos, y su efecto económico positivo sólo se revela si se atiende al funcionamiento del sistema económico en su conjunto. Se trata de inversiones infraestructurales y, por lo tanto, indispensables, que exigen volúmenes de capital que sólo el estado puede aportar. Por lo tanto, los subsidios no tienen por función abaratar las tarifas finales que paga el público usuario sino, como ya lo hemos señalado, asegurar las ganancias de los burgueses que han hecho de actividades económicas deficitarias campos de inversión capitalista. Es decir: lo que se subsidia no es la tarifa final, sino la ganancia de los empresarios.

Por eso es que la solución al problema creado por el tarifazo no pasa en modo alguno por el reciente fallo de la Corte Suprema, ni por la eliminación gradual de los subsidios, como reclama la oposición burguesa desde el Frente Renovador hasta el kirchnerismo. Es perfectamente posible eliminar los subsidios a la ganancia empresaria y a la vez mantener tarifas baratas que beneficien a la población trabajadora y hagan más productiva la economía nacional. La solución real al problema pasa por la reestatización de los servicios públicos y el desarrollo de un plan que promueva una drástica reducción de la dependencia de los hidrocarburos en nuestra matriz energética, y su reemplazo progresivo por energías limpias y renovables.

[1] [1] Urbiztondo, Santiago: La regulación de los servicios públicos en Argentina 2003-2015, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, febrero de 2016.

[2] El barril equivalente representa 159 litros de petróleo y 170 mts. cúbicos de gas, que son 6,3 millones de BTU.