28A – Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo

Noviembre de 2019. Ingenio La Esperanza, Jujuy. Un incendio feroz provocado por la explosión de tanques en el área de destilería se lleva, en principio, la vida de 5 trabajadores. De ellos, sólo uno pudo ser reconocido “a primera vista”, el resto se hallaba calcinado completamente. Con el paso de las horas el número oficial de muertos ascendió a 8, mientras que por parte del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio “La Esperanza” denunciaban que ese número era erróneo, que el verdadero saldo del incendio era de 12 muertos, distribuidos en las morgues de 3 hospitales distintos de la región. ¿Las causas? Como siempre, la patronal –en este caso el grupo Bodaguer- con lágrimas de cocodrilo en los ojos señaló un supuesto error humano como causal de la mal llamada tragedia. Porque si se tienen en cuenta los antecedentes del Ingenio, despidos, inversiones que nunca llegaron, reiteradas denuncias por parte del Sindicato ante la Secretaría de Trabajo, y la declaración de 2 trabajadores de que en la zona del hecho había un cable “haciendo chispas”, el nombre que se le puede asignar es uno sólo: asesinato.

Es asimismo este nombre el elegido por la organización Basta de Asesinatos Laborales (BAL), que año a año desde 2016 viene denunciando mediante informes anuales el número de muertes de trabajadorxs que podrían haber sido totalmente evitables. Durante el año 2019, esas cifras arrojaron un número atroz: 1 trabajador muerto cada 14 horas, un total de 500 durante todo el período. Si este número era escalofriante, las cifras arrojadas durante el año 2020 de la mano de la pandemia de COVID-19 son peores: durante los 12 meses falleció 1 trabajador/a/e cada 7 horas. Cabe destacar la labor de BAL, ya que en ese informe se incluyen también quienes trabajan de manera informal o sin registrar.

Y aquí nos topamos con otra cuestión: en Argentina existe un sistema de protección por riesgos de trabajo, que debería abarcar no sólo las indemnizaciones correspondientes cuando ocurre una enfermedad, accidente o fallecimiento, sino también la prevención de los mismos. Pero hay dos factores que agravan la situación arriba detallada: por un lado, en tiempos de crisis los burgueses no quieren perder ni dos centavos de ganancia, por lo cual a los despidos y suspensiones, se suman la falta de condiciones de seguridad e higiene apropiadas; y por otro lado, quienes se encuentran trabajando sin estar debidamente registradxs, desde ya que no cuentan con ningún tipo de protección por parte de la ley.

No es un detalle menor si se tiene en cuenta que, según la Encuensta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, en el último trimestre de 2020, de un total de 16.702.000 de trabajadorxs ocupadxs, 3.845.000 eran trabajadorxs no registradxs, un incremento de 1.305.000 con respecto al segundo trimestre de 2020.

Con respecto a las enfermedades profesionales (EP) y accidentes de trabajo (AT) – términos legales que denotan atenuantes frente a la responsabilidad estatal y patronal, como si tal o cual enfermedad fuera inescindible de un empleo por sí misma-, los últimos datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo – entidad estatal que tiene a su cargo la regulación y fiscalización de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, el funcionamiento de las Comisiones Médicas, entre otras- en el informe de Accidentabilidad Laboral provisorio correspondiente al 2020, arrojan las siguientes cifras: de un total de 9.515.892 trabajadorxs cubiertxs, se denunciaron 580.721 contingencias –número global que incluye AT, EP, accidentes in itinere y casos de COVID-19. Esto, recordamos, solamente teniendo en cuenta lxs trabajadorxs registradxs.

Con respecto al impacto del COVID-19, podemos encontrarnos con distintas denuncias de organizaciones sociales y sindicales en cuanto al escaso o nulo cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de las empresas: durante 2020 pudimos ver que en Quilmes clausuraron el frigorífico “El Federal” después de la muerte por coronavirus de Francisco Galarza, trabajador de SENASA en dicho establecimiento. Hecho que llevó a la constatación de nuevos casos positivos y la falta de medidas de distanciamiento preventivo, provocando un alto riesgo de contagio. Asimismo, el supermercado Coto, ya conocido por sus múltiples violaciones a los derechos de lxs trabajadorxs, fue denunciado por haber conocido la existencia de casos positivos entre sus empleadxs, y no notificarlo al resto ni tomar las medidas pertinentes. Ante la presión de un grupo de ellxs, finalmente cerraron por un día su sucursal de Recoleta para la desinfección. Estos hechos se suman a los de varias empresas, como Ingenio Ledesma –que cuenta con 20 trabajadorxs fallecidxs por COVID-19 según Basta de Asesinatos Laborales- que de manera criminal obligaron a les operarixs a no cumplir con los protocolos del gobierno. Quizás la peor parte se la lleven lxs trabajadorxs de la salud, ya que según lo relevado por BAL, fallecieron más de 400 personas que se desempeñaban en esta área tan fundamental. No es menor el caso de lxs docentxs, sumadxs a lxs miles de trabajadorxs que fueron obligadxs a continuar sus tareas de forma presencial o semi-presencial sin miras de ser vacunadxs.

Más allá de las cifras, lo que debe rescatarse es el absoluto desprecio de este sistema por nuestras vidas, ya que esto no hace más que denotar lo prescindibles y reemplazables que somos para la burguesía, que sólo busca engordar sus bolsillos. Día a día somos rociadxs con veneno, en el aire, la tierra, el agua y la comida que llevamos a nuestras bocas. Asimismo, somos obligadxs a trabajar en pésimas condiciones, por salarios de miseria, a riesgo de enfermar o morir por acción u omisión en nuestros lugares de trabajo. “Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan”, o la síntesis de la situación actual. Este 28 de abril, día de la Seguridad y la Salud en el trabajo, y a escasas horas del 1º de mayo, día internacional de la clase trabajadora, es una fecha para enarbolar nuestras banderas de denuncia frente a los atropellos patronales, una fecha para seguir peleando por un mundo sin explotarxs ni explotadxs.

Queríamos terminar con una cita del Che, donde plantea cuál es el rol del trabajo liberado en la sociedad nueva: “…el trabajo debe adquirir una condición nueva; la mercancía-hombre cesa de existir y se instala un sistema que otorga una cuota por el cumplimiento del deber social. Los medios de producción pertenecen a la sociedad y la máquina es sólo la trinchera donde se cumple el deber. El ser humano comienza a liberar su pensamiento del hecho enojoso que suponía la necesidad de satisfacer sus necesidades animales mediante el trabajo. Empieza a verse retratado en su obra y a comprender su magnitud humana a través del objeto creado, del trabajo realizado. Esto ya no entraña dejar una parte de su ser en forma de fuerza de trabajo vendida, que no le pertenece más, sino que significa una emanación de sí mismo, un aporte a la vida común en que se refleja; el cumplimiento de su deber social. Hacemos todo lo posible por darle al trabajo esta nueva categoría de deber social y unirlo al desarrollo de la técnica, por un lado, lo que dará condiciones para una mayor libertad, y al trabajo voluntario por otro, basados en la apreciación marxista de que la persona realmente alcanza su plena condición humana cuando produce sin la compulsión de la necesidad física de venderse como mercancía”.

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